Inquietantes, por decir lo menos, resultaron las palabras del Presidente de la República durante la instalación del Congreso de Ganaderos la semana pasada, en donde anunció una serie de disposiciones para obligar al sector financiero a darles cuentas bancarias en forma gratuita a los colombianos más pobres. Más allá del propósito loable de democratizar el sistema bancario, una cosa son las metas y otra, los procedimientos. Una implementación desordenada corre el peligro de generar una inconveniente disputa con las entidades de crédito y enrarecer la estabilidad regulatoria. Como suele suceder cuando hay afanes populistas, el remedio puede resultar más grave que la enfermedad.

A pesar de que el presidente Uribe dijo literalmente que "hoy dejamos firmados unos decretos", lo cierto es que los textos no aparecieron por ninguna parte. La razón es que alguien en la Casa de Nariño acabó haciendo uso de la sensatez y comentó que sería bueno conversar con algunos representantes de los bancos para ver si las cosas se pueden hacer a las buenas. Otro ejemplo de la falta de coordinación entre Uribe y su equipo económico en el manejo de esta crisis, peligroso antecedente ante los retos del año entrante.

Esto sucede tras meses de conversaciones entre el sector financiero y Acción Social de la Presidencia, orientadas a prestarles servicios a los beneficiarios del programa Familias en Acción. Aunque las charlas iban por buen camino, el derrumbe de las 'pirámides' puso al Gobierno a buscar soluciones de corto plazo que le permitan darles créditos a damnificados de las 'pirámides'.

Dentro de lo que se había discutido antes de la emergencia estaba la posibilidad de darle cobertura total al territorio nacional en forma virtual. Gracias a la tecnología es posible instalar datáfonos en toda la geografía nacional donde llega la telefonía celular. A través de estos, cualquier persona puede acreditar y debitar su cuenta, al igual que consultar su saldo, sin tener que pisar una sucursal. La justificación es económica. Más allá de que exista al menos una oficina bancaria en el 92 por ciento de los municipios y de que el 57 por ciento de la población adulta colombiana sea usuaria del sistema, resulta costosa la infraestructura para llevar los servicios a los rincones más apartados.

Si bien las medidas del Gobierno incluirían bajar aranceles para que los aparatos resulten más baratos y dar exenciones para beneficiar a usuarios y entidades, se requiere asimismo el apoyo de las empresas celulares y del comercio donde estarán ubicados estos corresponsales. Al mismo tiempo, los bancos parecen en buena disposición para racionalizar los exagerados cobros que hacen por muchos de sus servicios, una práctica que les ha generado evidente antipatía entre el público. Indudablemente, la emergencia de las 'pirámides' ofrece una oportunidad única para que los bancos se pellizquen. A la bancarización masiva habría que añadir una oferta menos rígida de productos financieros y mejor atención al cliente.

Lo irónico es que todo esto puede organizarse,de manera concertada, con cronogramas y sistemas de evaluación definidos, y no mediante la práctica de 'legislar a través de discursos' y con cierto sabor populista. Aunque hubo algunos acercamientos con la banca la semana pasada, no ha habido comentario oficial del gremio sobre los borradores de los decretos porque, sencillamente, no se conocen.

Por tal motivo, hay que hacer votos para que el Presidente, quien se ha dolido de no proceder con mayor rapidez en las 'pirámides', no trate de enmendar la plana con una legislación a las carreras que consiga lo contrario a lo que se busca: dejar a todo el mundo insatisfecho.

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