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Allí encontró a los jóvenes en momentos que ingerían bebidas alcohólicas en varios establecimientos del sector, a los cuales se les impusieron los comparendos de rigor.

Los propietarios de los sitios de rumba firmaron un acta de compromiso para no permitir nuevamente el ingreso de menores.

11 de los 15 adolescentes fueron entregados a sus padres mediante actas escritas donde se daba a conocer el artículo 10 de la ley 1098, que trata sobre la corresponsabilidad que tienen los padres como garantes del desarrollo de sus hijos.

Se les informó además que en caso de reincidencia en las conductas, los tutores pueden ser objeto de sanciones plasmadas en la ley. 

Cuatro menores fueron dejados a disposición del centro de protección San Gabriel del ICBF, teniendo en cuenta que no fue posible ubicar a sus padres.